Un tema tabú para la izquierda

En las pasadas elecciones europeas, la ultraderecha ha dominado por remontada en muchos de los Estados Miembros. Para la izquierda hegemónica, representada en su gran mayoría por el posmodernismo woke, los resultados han supuesto un estrepitoso fracaso. Desde los años 70, es la primera vez que la izquierda se queda (casi) fuera del arco parlamentario de Bruselas.

Las razones de esta derrota de la izquierda y del avance de la ultraderecha son varias. Por una parte, la desconexión de la izquierda con la realidad de las clases trabajadoras, adoptando ideas provenientes de las universidades de EE.UU. en cuestiones de género, raza, sexualidad o medioambiente, abandonando por completo la lucha de clases (tal y como Marx había preconizado) y la defensa de los trabajadores. Por otra parte, en los últimos 10 años ha habido un aumento descontrolado de la inmigración, especialmente la procedente de contextos islámicos. Como ya comenté en otro artículo, esta inmigración islámica se está infiltrando en nuestras sociedades europeas gracias a la permisividad de nuestros políticos y al uso hábil que hacen estos islamistas de nuestras leyes e instituciones para su propio beneficio. De hecho, ya hay ciertas zonas de Europa donde hay guetos de inmigrantes musulmanes únicamente, sin apenas un sólo autóctono residiendo en esos lugares. Y en algunos, las leyes nacionales brillan por su ausencia y se aplica, en ocasiones de manera informal, la Sharía o Ley Islámica, como si de un territorio controlado por pandillas se tratase. Son como mini-estados islámicos dentro de Europa, que en realidad funcionan como si uno estuviese en Afganistán o en Somaliland. En estos entornos, las mujeres son las más afectadas, ya que las obligan a llevar el hijab, no pueden salir a la calle a determinadas horas o ser víctimas de agresiones sexuales. Esto último lo sufren tanto mujeres musulmanas como no musulmanas, y en muchos países musulmanes el acoso sexual está a la orden del día, una situación que, por desgracia, se traslada a Europa. Todo ello tiene su origen en el estatus de inferioridad que el Islam otorga a la mujer y a las estrictas normas de socialización que se le imponen a las mujeres. Para nadie es un secreto que el hombre musulmán vive obsesionado sexualmente con las mujeres no musulmanas. De hecho, muchos hombres musulmanes ven a la mujer no musulmana como una mera fulana con la que pueden tener barra libre sexual, ya que las reglas coránicas no permiten que la mujer musulmana se relacione con otros hombres, a excepción de su esposo, su padre, sus hermanos, sus tíos, sus hijos y su familia política. Todo ello lo explica la aleya 2:223 del Corán: «Vuestras mujeres son vuestro campo de cultivo». Tristemente, hay mucha gente en la izquierda, e incluso a las feministas, que les cuesta reconocer este problema por miedo a ser calificados de «racistas», «xenófobos» o «fascistas».

¿Dónde se localizan esos guetos donde impera la Sharía? Desde luego que no están en los barrios chic y cosmopolitas de grandes ciudades como París, Madrid, Berlín o Bruselas, sino en la periferia. No están en distritos cool del tipo de Malasaña, Camdem, Dansaert o en el Quartier Latin, sino en barrios obreros como El Príncipe (Ceuta), Whitechapel, Mollenbeek o Clichy-sous-bois. Y es la clase obrera la que acabará sufriendo las consecuencias de este modelo migratorio sostenido tanto por la izquierda multiculturalista como por la derecha liberal. Incluso think-thanks libertarios defienden sin disimulo el modelo migratorio de fronteras abiertas. Pero esto ya lo comentaré más adelante, o incluso en otro artículo. El multiculturalismo funciona muy bien en ambientes empresariales o artísticos, pero es un completo desastre para la convivencia entre vecinos. Está muy bien eso de programar una exposición de un artista bangladeshí, difundir la obra literaria de un poeta yemení o incluir a una cantante nigeriana en un festival de música para que unos cuantos culturetas disfruten. Sin embargo, en los barrios obreros, a muchos les toca convivir de manera forzosa con el lumpen procedente de países con alta conflictividad y con nulas posibilidades de integración, con constantes conflictos de inseguridad ciudadana y altas tasas de criminalidad. Es muy difícil convivir con gente que no habla tu idioma, que no se rige por las leyes o que tienen una mentalidad cultural muy distinta. No es tan maravilloso como nos lo quieren describir los defensores de la diversidad. Y esto sucede a menudo con los inmigrantes procedentes de contextos islámicos, que en Europa sí presentan serios problemas para integrarse en las sociedades de acogida. Aunque muchos hayan nacido en Francia, en Bélgica o en España, apenas se relacionan con los autóctonos y siguen manteniendo la cultura de sus padres. Además, la inmigración islámica suele tener una tasa de fertilidad mucho mayor que la población autóctona, que cuenta con bajísimos índices de natalidad y un mayor número de personas con más mascotas que hijos. Y es que los musulmanes suelen tomarse bastante en serio eso de los "valores tradicionales familiares", añadiéndole también la permisividad hacia la poligamia, a pesar de no ser tan habitual. A más mujeres, más hijos. También hay que recordar que las políticas de fronteras abiertas fomentan la fuga de cerebros de los países en vías de desarrollo, causando una escasez de mano de obra cualificada en dichos países. Con la fuga de cerebros, se da la paradoja de que hay más médicos etíopes fregando platos en Chicago que ejerciendo en su país natal.

Una de las consecuencias de este modelo migratorio masivo es el aumento de crímenes violentos por parte de la población extranjera. Sí, como lo leen. Aunque a muchos esto les pueda parecer una exageración y otros me tacharán de racista, no se puede tapar el sol con un dedo. Tal vez sea injusto relacionar inmigración con delincuencia, ya que la delincuencia no está relacionada con el color de piel o la nacionalidad, sino con el tipo de sociedad de donde uno proviene. Tampoco se trata de meter a todos en el mismo saco, sino que estos inmigrantes involucrados en actividades delictivas provienen de sociedades conflictivas, con inestabilidad política, con guerras, pobreza, hambruna y criminalidad. Y ese ambiente se refleja mucho en el comportamiento de muchos inmigrantes, tristemente, y traen los problemas de su país a otros lugares. Esto se refleja con la problemática de los MENAs (Menores Extranjeros No Acompañados), jóvenes originarios de Marruecos que emigran a España y se dedican a delinquir como actividad principal. Y estos jóvenes, en su Marruecos natal, podrían haber sido abandonados por sus padres y acabaron en las calles, en contacto con un medio hostil marcado por la delincuencia y la falta de oportunidades, además del total abandono que sufren por parte de las instituciones marroquíes y del sistema educativo tan pésimo que tiene Marruecos. Y es que Marruecos carece de instituciones gubernamentales que atiendan a población en riesgo de exclusión social, por no hablar de que el déspota de Mohamed VI apenas invierte en servicios públicos como hospitales decentes para su pueblo. Éste es el Marruecos real, el que no te enseñan en los reportajes de viajes. Y, por ello, no es de extrañar que, en los últimos años, el sátrapa nos envíe a los jóvenes delincuentes que saca recientemente de sus cárceles a costa del tonto útil de Pedro Sánchez. Por el otro lado, en términos culturales, la inmigración hispanoamericana se integra mejor en la sociedad española que la inmigración marroquí, dado que tanto españoles como latinoamericanos hablan el mismo idioma y comparten una historia y una cultura comunes. No obstante, en muchos países de Hispanoamérica existen altos índice de criminalidad y un problema enorme con las pandillas de delincuentes, un fenómeno que se ha exportado incluso a otros países. Y España no es ninguna excepción, con zonas de Madrid invadidas por las bandas latinas. Y éstas tampoco se encuentran por el Barrio de Salamanca, el Viso o Las Rozas, que son los barrios con las rentas más altas de Madrid; sino en barrios como Carabanchel, Vallecas o San Blas. Madrid, comunidad gobernada por el PP desde 1995, lleva 20 años lidiando con la problemática de las bandas latinas y los delitos que éstas cometen, además de que muchas bandas están enfrentadas entre sí. Si antes fueron los Latin Kings y los Ñetas quienes manejaban el cotarro, ahora toman el relevo Dominicans Don't Play (DDP) y los Trinitarios. Hace no pocos días, hubo un tiroteo en una pizzería de Madrid por parte de estas organizaciones criminales, donde una persona resultó herida. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a llegar a estar peor que Memphis o el Bronx? Igual situación padece Barcelona, donde se concentra una de las mayores poblaciones de origen extracomunitario. Desde que la "nueva política" de la mano de Ada Colau, antigua activista contra los desahucios, llegó a la Alcaldía de Barcelona, la criminalidad se disparó en un 6,6% en 2021. La cadena de televisión más de izquierdas en España, La Sexta, le dedicó un episodio de Apatrullando a esta problemática.

Por supuesto que también hay inmigrantes honrados, que han venido a trabajar, a aportar a la sociedad, a buscarse un futuro mejor para sus familias y no dan problemas a la población local, ya sean de Marruecos, de Ecuador, de Senegal o de Rumanía. El problema es que están proliferando cada vez más casos de delitos violentos cometidos por inmigrantes, que siendo menos del 10% de la población, su porcentaje de criminalidad suele superar al autóctono. Es decir, son minoría pero cometen los mayores delitos, según datos estadísticos. Y cuando el río suena, agua lleva. Esto llevaría a preguntarnos sobe el tipo de inmigración que suele llegar a nuestro país de forma irregular, llegando a la conclusión de que muchos de estos inmigrantes que cometen delitos ya tenían antecedentes penales en sus países de origen y/o son delincuentes recién excarcelados. Si atendemos a la edad y el sexo, la gran mayoría de inmigrantes que llegan son hombres de edades comprendidas entre los 14 y 30 años, es decir, en edad laboral y militar, y sin problemas de salud graves. Estas oleadas migratorias que se producen están relacionadas con los conflictos bélicos, las crisis económicas y los estallidos sociales que sacuden África, Asia, Oriente Medio y América Latina. Pero una gran mayoría son simples inmigrantes económicos que huyen de la miseria que hay en sus países. No sólo los españoles denuncian esta problemática, también los propios inmigrantes sufren las consecuencias del modelo migratorio masivo. A muchos latinoamericanos residentes en España les afecta la violencia de las bandas latinas en la misma intensidad que les afecta a los españoles. Y si nos vamos a los inmigrantes de contextos islámicos, muchas mujeres y personas LGBT que residen en los guetos islamizados siguen sufriendo amenazas y acoso por parte de los miembros más fundamentalistas de sus comunidades. Está también el caso de los matrimonios forzados, las ablaciones de clítoris y los crímenes de honor, que cada vez van más en aumento y los Servicios Sociales o el Instituto de la Mujer no hacen nada para proteger a estas mujeres. En cuanto a los requisitos de acceso a la nacionalidad, hay quienes piden la eliminación de requisitos como el ius solis o por matrimonio y que sólo permanezca el ius sanguinis. Es decir, que sólo se conceda la nacionalidad si la persona es descendiente de un nativo de cierto país. También cabe la opción de otorgar únicamente una tarjeta de residencia permanente, con la que pueda trabajar, pagar impuestos o viajar (pero con el pasaporte de su país de origen). Otros, como Marine Le Pen, proponen retirar la nacionalidad a quienes cometan delitos y prohibir las dobles nacionalidades.

 

El tema de la inmigración supone un gran tabú para la izquierda, que se decanta de forma incuestionada por las fronteras abiertas y el buenismo desmedido, lo cual ha generado consecuencias bastante desagradables. Pero no sólo la izquierda es la única en promover este modelo migratorio basado en la masividad, sino que la derecha liberal ha contribuido también a echar leña al fuego. El modelo migratorio actual basado en las fronteras abiertas encaja perfectamente con la dinámica neoliberal de buscar mano de obra cada vez más barata y con menos derechos laborales para realizar los trabajos más precarios. Se hace con el objetivo de rebajar los salarios y, de paso, dinamitar el Estado del Bienestar. Por ello, los trabajadores inmigrantes son los que más cobran "en negro", sin derecho a acceder a una pensión de jubilación o a una prestación por desempleo. Muchos empresarios del sector agrícola, cuando llega la temporada de la recolección, hacen uso de inmigrantes en condiciones precarias y, si es posible, se ahorran las cotizaciones a la Seguridad Social. Es decir, que no se pagan las cotizaciones que le corresponden a ese migrante. Literalmente, están trayendo esclavos. Por otra parte, está el famoso tópico de las ayudas sociales y las "paguitas" que supuestamente reciben los inmigrantes, donde se entremezcla la picaresca y algunas verdades incómodas. Aquí hay que hilar muy fino. Puede haber gente que haga uso fraudulento de las ayudas sociales y destinarlas a un fin distinto al que tenían. Y los inmigrantes no son una excepción, participan igualmente que los españoles. Sobre si los inmigrantes suelen recibir más ayudas que los españoles, la realidad es que suelen hacerlo mediante la mediación de una ONG, quien se encarga de intermediar entre el migrante y las Administraciones Públicas. Se podría decir que las ONGs, en muchas ocasiones, tratan de convertir a los inmigrantes ilegales en una carga pública con el objetivo de desmantelar el Estado del Bienestar. Quebrar instituciones como la Seguridad Social o la Sanidad Pública son el primer paso para que se implanten políticas neoliberales de recortes y privatizaciones. Y esto acabará perjudicando a los ciudadanos autóctonos. Esto puede parecer un bulo, pero un español en paro que tiene dificultades para pagar el alquiler y quiere solicitar una ayuda al alquiler, se encuentra con que no se la dan porque alguien de fuera ya la ha cogido antes.

Si bien la izquierda es quien más ha promocionado este modelo migratorio, la derecha también se une a este discurso buenrollista y melifluo. Incluso el PP votó a favor de la regularización de 500.000 inmigrantes en situación de irregularidad, propuesta por el PSOE, Podemos y Sumar y con la oposición de Vox. Ya se sabe el relajo de la alcaldesa woke de la Ciudad Condal, la señora Ada Colau, en materia de seguridad ciudadana, y la derecha tampoco se queda atrás. Ya en tiempos de Aznar, coincidiendo con el boom inmobiliario, antes del estallido de la burbuja, se reformó la Ley de Extranjería con el objetivo de atraer más inmigrantes para emplearlos en sectores como la construcción o la agricultura. Asimismo, la Ley de Extranjería concede mayores facilidades para acceder a la nacionalidad española. Incluso Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid, defendió frente a Rocío Monasterio (Vox) a los inmigrantes, diciendo que son "tan españoles como el señor Abascal". Partidos como Vox suelen ser restrictivos con respecto a los inmigrantes procedentes de contextos islámicos, pero están dispuestos a abrirles las puertas a los latinoamericanos bajo el discurso de la Hispanidad.

 

Si nos vamos a Reino Unido, la situación está mucho más avanzada que en España. Ya hay ciudades como Londres, Bradford, Leicester o Birmingham que se asemejan más a Karachi, Lagos, Ciudad del Cabo, El Cairo o Bagdad, debido a la gran concentración de población procedente de Oriente Medio, India, Pakistán y Bangladesh. Y esto se ha podido comprobar en las pasadas elecciones municipales británicas, donde varios candidatos con simpatías islamistas han conseguido concejalías y alcaldías en municipios como Bradford, Leeds, Sussex, etc. En los últimos 40 años, la población musulmana en Reino Unido ha ido creciendo a pasos agigantados, a medida que el cristianismo va disminuyendo y aumenta el ateísmo. Las élites británicas siempre han sido muy cosmopolitas, a pesar de que la Pérfida Albión se haya comportado históricamente como un imperio depredador. Y hasta cuentan con sus propios tribunales de la Sharía desde 1982, que han generado no pocas polémicas debido a la opacidad en su funcionamiento y a las disposiciones discriminatorias hacia la mujer. Las políticas de privatizaciones salvajes emprendidas bajo el mandato de Margaret Thatcher han favorecido este fenómeno. Bajo la excusa que tienen los liberales de que el Estado no debe intervenir en los asuntos familiares, Margaret Thatcher relegó dichas competencias a las organizaciones religiosas. Y esto es aceptado dentro en el marco de la Common Law o Derecho Anglosajón, no así en el Derecho Continental, basado en el Derecho Romano. Estos tribunales de la Sharía dependen de organizaciones islámicas y sólo pueden regular materias de Derecho Privado de Familia, como matrimonios, divorcios, herencias, defunciones, nacimientos, etc., según los preceptos del Corán y la Sunnah, pilares fundamentales de la Ley Islámica. Y las sentencias de estos tribunales tienen la misma validez jurídica que una sentencia por lo civil, rigiéndose por el principio de "la acción crea el Derecho" (Remedies precede rights). Esto sería muy parecido a si un Tribunal Eclesiástico tuviese la competencia exclusiva de legislar y regular sobre materias de Derecho de Familia sin que el Estado interviniese. Imagínense si sólo pudiesen hacer repartos de herencias, registrar nacimientos, celebrar matrimonios, conceder disoluciones matrimoniales o emitir certificados de defunción las organizaciones religiosas. Algo parecido quiso implantar Alberto Ruiz-Gallardón cuando fue ministro de Justicia bajo la legislatura de Rajoy. Los tribunales de Familia al servicio de organizaciones religiosas pondrían las cosas mucho más complicadas a la hora de obtener el divorcio o la nulidad matrimonial que si se realizase por la Jurisdicción Civil. Y ahora, Reino Unido quiere establecer un Tribunal Civil Sij, para que las personas de esta confesión religiosa pudiesen litigar sobre asuntos civiles y de familia. Y tampoco ha estado exento de controversia, dado que muchos aseguran que los dictámenes de dichos tribunales pondrán en peligro a las mujeres de comunidades minoritarias, de la misma manera que los tribunales de la Sharía siguen suscitando esta crítica. Muchos temen que un Consejo de la Sharía o un Tribunal Sij se conviertan en un sistema judicial paralelo, distinto a las leyes oficiales. Al final, esto se denomina privatización de la ley común, donde la concesión de determinados privilegios a las minorías se disfraza de "derechos humanos".

A la par que los Tories iban implantando medidas privatizadoras en el NHS, el número de personal sanitario extranjero supera al de egresados en las facultades de Medicina británicas. Muchos de estos doctores extranjeros no son contratados por la vía oficial del General Medical Council (GMC), sino por subcontratas y empresas de trabajo personal que ceden personal de forma indirecta al NHS. En cuanto a la relación con las políticas privatizadoras de los Tories en materia de sanidad y los consecutivos recortes que ésta ha sufrido en los últimos 15 años, con el consiguiente aumento de las listas de espera; esto lo hacen contratando a doctores extranjeros por menos salario que los doctores nacionales, ahorrándose costes de contratación. La contratación de doctores extranjeros repercute en la calidad de la asistencia médica, que muchos ya consideran similar a la de un país del Tercer Mundo. Y no son pocas las denuncias por negligencias médicas. Muchos de estos doctores extranjeros vienen de países donde la formación médica es deficiente y cuyos hospitales y clínicas carecen de la infraestructura necesaria y/o no tienen los recursos necesarios para tratar enfermedades graves. Y ponerlos a trabajar en un sistema de salud perteneciente al Primer Mundo supone un abismo muy grande para estos profesionales, ya que tendrán que manejar otras tecnologías inéditas en sus países de origen, otros métodos de diagnóstico, otro tipo de pacientes, etc, y las profesiones sanitarias son muy exigentes en materia de ética y seguridad. En otras palabras, no estarían lo suficientemente preparados para ejercer en un sistema sanitario de vanguardia. En EE.UU., a pesar de tener un sistema de salud mercantilizado y desigualitario, exigen a los doctores extranjeros que quieran ejercer allí que superen unos dificilísimos y costosos exámenes, que la gran mayoría no logra aprobarlos. Y para ello, sería lógico que homologasen su título y superasen una serie de exámenes, donde se comprobase si el doctor o enfermero está realmente capacitado. ¿Acaso un hematólogo de Yemen estará capacitado para realizar un trasplante de médula en el Queen Mary Hospital si en los hospitales de su país no existe ningún servicio especializado en estos procedimientos? Podría poner también el caso de Senegal, donde sólo existe una máquina de radioterapia para todo el país. Y sobre el éxodo de doctores nacionales a otros países, tengo que decir que esto va a acabar favoreciendo que, ante la falta de personal, un sistema sanitario contrate a personal inmigrante menos cualificado y sin necesidad de homologación. Todo profesional de la Medicina debería obligatoriamente ejercer en el país donde se formó, en lugar de emigrar en busca de supuestas mejores condiciones. Al final, una política de fronteras abiertas equivale a fuga de cerebros y entrada de mano de obra infracualificada. Es decir, exportamos médicos a Alemania o a Reino Unido e importamos trabajadores esclavos por cuatro duros y en negro. Y debería haber voluntad política para retener el talento nacional y evitar la contratación de mano de obra semiesclava extranjera. Y en España, por el momento, ningún partido ha tocado este tema, ni siquiera VOX.

En los años 70 y 80, cuando la izquierda aún tenía popularidad entre la clase obrera, Georges Marchais lanzó un duro discurso contra la inmigración ilegal, asegurando que mientras el desempleo aumenta entre la población francesa, se disponían a traer a inmigrantes procedentes de Argelia, de Senegal y de Mali para coger aquellos trabajos menos cualificados. Marchais veía el fenómeno de la inmigración como algo preocupante y que influía enormemente en el desempleo que sufría la población francesa. En Francia, la inmigración masiva ha contribuido a la formación de guetos en las periferias de ciudades como París o Marsella, con gente que no se siente francesa, por mucho que hablen el idioma y hayan nacido allí. Actualmente, la izquierda francesa heredera del Mayo del 68 abraza las políticas migratorias permisivas y pierde votos entre la clase obrera francesa. El núcleo de votantes de la izquierda actual ya no son los obreros, sino gente de edades comprendidas entre los 18 y 35 años pertenecientes a rentas medianas y altas. Recientemente, y ante el avance imparable de Reagrupación Nacional, partidos de izquierda como La Francia Insumisa, el Partido Comunista Francés, el Partido Socialista, el Nuevo Partido Anticapitalista y la Izquierda Ecosocialista se agruparon en una nueva coalición denominada Nuevo Frente Popular. Y este Nuevo Frente Popular, a diferencia de lo que proclamaba Marchais en la campaña electoral de las presidenciales de 1981, defienden las políticas de fronteras abiertas y de diversidad multicultural. Y, mientras tanto, la clase obrera francesa autóctona vota a partidos como el liderado por Marine Le Pen debido a que ya están hastiados con la inmigración masiva y a los problemas que conlleva, como agresiones sexuales, robos con violencia o peleas callejeras a machetazo limpio.

En el caso español, Roberto Vaquero, líder del Frente Obrero, es de las pocas figuras de izquierda radical que aborda de manera brillante y con conocimiento de causa el tema de la inmigración masiva. Mientras que partidos de la izquierda hegemónica (PSOE, Podemos o Sumar) defienden las fronteras abiertas o la regularización masiva, el Frente Obrero defiende en su programa la defensa de los valores tradicionales españoles y de un mayor control de las fronteras. Asimismo, también endurecen los requisitos para acceder a la nacionalidad española. El propio Vaquero aseguró en una entrevista a El Mundo que 10 años no son suficientes para adquirir la nacionalidad española, ya que la persona no está integrada totalmente dentro de la cultura española. Además, recalca que la nacionalidad española no es un simple documento, es sentirse identificado con la cultura del país de acogida. Marc Lozano, también del frente obrero, aseguró tajantemente en un vídeo que quienes defienden el multiculturalismo nunca han vivido la realidad de un barrio obrero con mayoría de población inmigrante.

Otros autores como Juan Soto Ivars han sido duramente criticados por esta izquierda posmowoke. En su artículo publicado en El Confidencial, Soto Ivars reconoce que una amiga suya votante de Sumar no lleva a sus hijos a un colegio público "porque hay demasiados inmigrantes". En el mismo artículo, le responde a Arantxa Tirado, quien lo acusaba de comprar el discurso de la ultraderecha, diciéndole que muchos barrios multiculturales son "bastante jodidos" y que muchos de estos inmigrantes no muestran intención de integrarse en las sociedades que los acogen, además de la relación entre el narcotráfico y la inmigración presente en muchos de estos barrios. Finaliza diciendo que el derecho a migrar no debe situarse por encima de la seguridad en los barrios.

Santiago Armesilla explica cómo el problema de la inmigración es fomentado por las élites económicas a través de la desestabilización de los países mediante conflictos bélicos y cómo se maneja este entramado donde intervienen políticos, mafias y ONGs. 

El tema de la inmigración es complejo de tratar, pero no hay que ignorarlo. La inmigración es un fenómeno que ha existido y siempre va a existir, pero tiene que ser controlada y enfocada hacia las necesidades del país. Todo estado debería velar quién puede entrar y quien no, para una mayor seguridad de los ciudadanos y ciudadanas.

Yo propondría:

• Exigir un nivel mínimo de B2 en el dominio y comprensión de la lengua española, hablada y escrita.
• Denegar la entrada a personas con antecedentes penales en sus países de origen y a los que estén implicados en redes criminales o terrorismo.
• Deportación a sus países de origen de aquellos inmigrantes irregulares que cometan delitos.
• Mayor presencia policial en barrios conflictivos y mejora de las condiciones laborales de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado.
• Dar preferencia a mujeres, niños, ancianos, enfermos y discapacitados a la hora de acoger inmigrantes.
• Para evitar que muchos inmigrantes abusen del sistema de ayudas públicas, se les debería obligar a firmar una declaración jurada en la que conste que poseen los ingresos económicos suficientes para mantenerse. Algo muy parecido al Affidavit Support en Estados Unidos.
• Toda ayuda social debería conllevar una contraprestación. Es decir, el que reciba una ayuda social debe hacer servicio social como forma de devolver a la sociedad lo que le ha otorgado. Quien incumpla estas obligaciones, se le deberá retirar toda ayuda.
• Dar prioridad al ciudadano autóctono sobre el inmigrante en servicios públicos como la sanidad o las ayudas sociales o a la hora de buscar empleo.
• Los inmigrantes deberán tener las mismas obligaciones que los españoles.
• En cuanto a la asistencia sanitaria gratuita para inmigrantes, sólo se concedería a una persona que tenga una enfermedad grave o crónica y el tratamiento no esté disponible en su país y/o no puede costearlo por sus propios medios. Si ese inmigrante es una persona sana y sin enfermedades crónicas, debería pagar una tasa por utilizar el sistema público de salud. Lo que se recaude, estará destinado a mantener el sistema público de salud. La gratuidad de los medicamentos debería reservarse únicamente a personas con enfermedades como cáncer, diabetes, ELA, trasplantados de órganos, pacientes con enfermedades raras, etc.
• A la hora de conceder asilo político o estatus de refugiado, se realizará de forma individualizada en base a las circunstancias personales de la persona; estableciendo una clara diferencia entre inmigrante económico y refugiado. Se prohibirán los tratos de favor con respecto a la nacionalidad.
• Recortar las subvenciones a las ONGs que participen en el efecto llamada. En su caso, las ONGs sólo podrán proporcionar orientación laboral a sus beneficiarios.
• Reforzar la seguridad fronteriza por tierra, mar y aire.
• Para evitar la fuga de cerebros, dar prioridad a los profesionales formados en España en trabajos de alta cualificación como médicos, enfermeras, ingenieros, técnicos, abogados, etc. y mejorar sus condiciones laborales.
• Todo profesional extranjero que quiera ejercer deberá obligatoriamente homologar su título. No se contratarán profesionales extranjeros que no hayan sido homologados.
• Al inmigrante recién llegado sólo se le concederá un permiso de trabajo.
• Las competencias sobre Derecho de Familia (nacimientos, matrimonios, divorcios, herencias, propiedad, etc.) recaerán únicamente sobre el Estado y las organizaciones religiosas sólo podrán inscribir matrimonios, que luego deberán presentar al Registro Civil en un plazo de 3 días hábiles.
• El Derecho de Familia deberá regirse por leyes laicas.